Miércoles, 23 de abril de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Justicia
Sigue latente la posibilidad de una manifestación de judiciales por la desaparición del agente Felipe García
La Jornada de Oriente - Puebla - Justicia
Sigue latente la posibilidad de una manifestación de judiciales por la desaparición del agente Felipe García
Martín Hernández Alcántara Puebla, Pue.
Al cumplirse una semana de la desaparición del agente de la Policía Judicial, Felipe García Guillén, es latente la posibilidad de que un grupo de sus compañeros manifieste a la opinión pública su malestar porque, desde su punto de vista, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no ha hecho lo suficiente para rescatar al elemento, quien presuntamente fue secuestrado por Los Zetas, la banda de sicarios al servicio del cártel del Golfo.
El día de ayer hubo rumores en la Procuraduría General de Justicia y en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, acerca de que los agentes inconformes llevarían a cabo una movilización en esta última instancia, lo cual no ocurrió; sin embargo, desde muy temprano, el director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola, intentó minimizar las quejas de sus todos subordinados mediante entrevistas en los noticiarios radiofónicos de Cinco Radio y En Línea, en los que declaró que solamente eran “dos o tres” los agentes que estaban inconformes.
Trascendió que personal de la Secretaría de Gobernación tuvo que intervenir directamente para apaciguar los ánimos de los policías que estaban organizando la protesta y que lograron calmarlos, aunque también hay versiones de que los agentes intentarán movilizarse hoy.
A la zozobra de los judiciales han abonado los informes periodísticos dados a conocer por el periodista Alfonso Ponce de León, según los cuales Los Zeta habrían pactado con las autoridades federales, de Puebla y Veracruz, el intercambio de Felipe García Guillén por Rubén Ramírez González, un supuesto delincuente que fue capturado en la balacera suscitada la madrugada del pasado 15 de marzo en Córdoba, en el estado de Veracruz.
De hecho, los sicarios habrían amenazado con depositar el cadáver del policía judicial con una bomba, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, a la usanza de lo que han hecho bandas de narcotraficantes en otras entidades de la República donde tienen fuerte presencia.
De acuerdo con la fuente, Ramírez González salió sin ningún problema del nosocomio en el que estaba internado –ubicado en Veracruz– desde el pasado miércoles, pero García Guillen continuaba sin aparecer hasta ayer por la noche.
El lunes pasado, La Jornada de Oriente dio a conocer que el único detenido por la balacera, Rubén Ramírez González, se habría fugado del Hospital General de Córdoba, Veracruz.
Medios informativos del estado de Veracruz dieron a conocer el escape de Ramírez González, quien fue internado en ese nosocomio tras el enfrentamiento armado en el que cinco poblanos también resultaron heridos.
Sin embargo, cada vez más existe hermetismo e incertidumbre sobre el caso. La Jornada de Oriente vistió el Hospital de Córdoba y pudo constatar que el supuestamente detenido ya no estaba en las listas de pacientes, como también se pudo observar que la operación especial de vigilancia que habían aplicado elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Federal de Investigaciones fue levantado.
En las oficinas de la Procuraduría General de la República en esa ciudad veracruzana se informó a este diario que no hay ninguna denuncia levantada por las tres balaceras del martes 15 de abril –centro de Córdoba, sobre el bulevar Peñuela y en el cruce del ferrocarril sobre esa misma vialidad–, por lo que el caso está investigado por el fuero común; es decir, por la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz.
“Y si no existe ninguna denuncia no hay impedimento alguno para que la persona que fue hospitalizada tras la balacera sea detenida, se puede ir a su casa con toda tranquilidad”, mencionó un agente federal; sin embargo, en esa instancia de gobierno afirmaron que desconocen el caso pues éste fue atraído por la PGR, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán a la prensa de su estado.
El día de ayer hubo rumores en la Procuraduría General de Justicia y en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, acerca de que los agentes inconformes llevarían a cabo una movilización en esta última instancia, lo cual no ocurrió; sin embargo, desde muy temprano, el director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola, intentó minimizar las quejas de sus todos subordinados mediante entrevistas en los noticiarios radiofónicos de Cinco Radio y En Línea, en los que declaró que solamente eran “dos o tres” los agentes que estaban inconformes.
Trascendió que personal de la Secretaría de Gobernación tuvo que intervenir directamente para apaciguar los ánimos de los policías que estaban organizando la protesta y que lograron calmarlos, aunque también hay versiones de que los agentes intentarán movilizarse hoy.
A la zozobra de los judiciales han abonado los informes periodísticos dados a conocer por el periodista Alfonso Ponce de León, según los cuales Los Zeta habrían pactado con las autoridades federales, de Puebla y Veracruz, el intercambio de Felipe García Guillén por Rubén Ramírez González, un supuesto delincuente que fue capturado en la balacera suscitada la madrugada del pasado 15 de marzo en Córdoba, en el estado de Veracruz.
De hecho, los sicarios habrían amenazado con depositar el cadáver del policía judicial con una bomba, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, a la usanza de lo que han hecho bandas de narcotraficantes en otras entidades de la República donde tienen fuerte presencia.
De acuerdo con la fuente, Ramírez González salió sin ningún problema del nosocomio en el que estaba internado –ubicado en Veracruz– desde el pasado miércoles, pero García Guillen continuaba sin aparecer hasta ayer por la noche.
El lunes pasado, La Jornada de Oriente dio a conocer que el único detenido por la balacera, Rubén Ramírez González, se habría fugado del Hospital General de Córdoba, Veracruz.
Medios informativos del estado de Veracruz dieron a conocer el escape de Ramírez González, quien fue internado en ese nosocomio tras el enfrentamiento armado en el que cinco poblanos también resultaron heridos.
Sin embargo, cada vez más existe hermetismo e incertidumbre sobre el caso. La Jornada de Oriente vistió el Hospital de Córdoba y pudo constatar que el supuestamente detenido ya no estaba en las listas de pacientes, como también se pudo observar que la operación especial de vigilancia que habían aplicado elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Federal de Investigaciones fue levantado.
En las oficinas de la Procuraduría General de la República en esa ciudad veracruzana se informó a este diario que no hay ninguna denuncia levantada por las tres balaceras del martes 15 de abril –centro de Córdoba, sobre el bulevar Peñuela y en el cruce del ferrocarril sobre esa misma vialidad–, por lo que el caso está investigado por el fuero común; es decir, por la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz.
“Y si no existe ninguna denuncia no hay impedimento alguno para que la persona que fue hospitalizada tras la balacera sea detenida, se puede ir a su casa con toda tranquilidad”, mencionó un agente federal; sin embargo, en esa instancia de gobierno afirmaron que desconocen el caso pues éste fue atraído por la PGR, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán a la prensa de su estado.
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